Recordó docenas de testimonios de sobrevivientes y de familiares de víctimas. En base a ellos, caracterizó las condiciones de vida -y de muerte- que habrían imperado en el predio. Describió que los cautivos habrían estado muy golpeados, desnutridos, descalzos y vestidos con jirones. Hizo hincapié en los dichos sobre las torturas, los interrogatorios, los fusilamientos al borde de las fosas y, finalmente, la quema de cuerpos. "El Arsenal es el Auschwitz tucumano", concluyó. Una centena de carteles con los rostros de detenidos-desaparecidos se levantaron en el público en ese momento. La abogada querellante Laura Figueroa inició ayer la etapa de alegatos de la megacausa "Arsenales II-JefaturaII", que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) local.

La letrada, una referente en el impulso de causas por delitos de lesa humanidad, aún exponía sus justificaciones al cierre de esta edición. Figueroa representa en esta oportunidad los intereses de alrededor de 180 de las 215 víctimas como patrocinante de Fadetuc (Familiares de Desaparecidos de Tucumán) y de una decena de causas particulares.

Trascendió que Figueroa pidió penas de hasta 100 años de cárcel para algunos de los ex militares acusados, a quienes sindicó como los mayores responsables en los casos que lleva adelante. En tanto, requirió a los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga que condenen a los sospechosos por "asociación ilícita" y "traición a la patria". Resaltó que, de haber penas, deberían ser de cumplimiento efectivo en cárceles comunes. La querellante pidió duras sanciones también para algunos de los civiles imputados.

Los ejes principales que trazó fueron un paralelismo físico y operativo entre el centro clandestino de detención y exterminio del ex Arsenal con el campo de concentración nazi y el desestimar la teoría de una presunta "guerra".

Figueroa repasó los antecedentes históricos económicos del golpe de Estado de 1976. Se refirió a una "trama oculta" pergeñada en el "norte del continente", al cierre de los ingenios, al "Tucumanazo", al impacto del "Operativo Independencia" en los pueblos del sur y la dura tarea de los abogados en esos años.

Remarcó que si bien el Comando de la V° Brigada encabezó "la represión y el exterminio", coordinó las tareas con las policías Federal y Provincial, la Side y Gendarmería.

"El trabajo de desarticular la resistencia popular se basó en tareas de inteligencia conjuntas. Las fuerzas de tareas fueron pequeñas estructuras represivas ubicadas en lugares estratégicos para identificar, secuestrar y destruir a los que luchaban. Fueron distribuidos primero a lo largo de la ruta 38 y luego, se ampliaron", consignó.

La abogada citó testimonios que involucraron a prácticamente todos los imputados. Subrayó sobre todo los que ella consideró que se refirieron al escribano Juan Carlos Benedicto y al sacerdote José Mijalchyk.

Figueroa cuestionó el rol de algunos testigos a los que ubicó en la "zona gris" como presuntos colaboracionistas de las fuerzas armadas como Juan Carlos Clemente, S.A y O.P.

Hoy será el turno de alegar de las abogados Julia Vitar e Inés Lugones. y Emilio Guagnini.